Las sanciones de los Estados Unidos a Rafael Ortega Murillo, primogénito de la pareja presidencial, son “un duro golpe al poder económico” del régimen, siendo Ortega Murillo uno de quienes administró de manera discrecional la cooperación venezolana para patrocinar a la familia gobernante desde el 2007, con el retorno del Frente Sandinista al presidencia.

Las razones por las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ortega Murillo junto a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, son “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”. El primogénito de los gobernantes utilizó DNP, un negocio que adquirió con dinero público y luego transfirió a la familia, para enriquecerse “a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales nicaragüenses”.

Además de “un golpe a la cabeza del entramado económico” del régimen, las sanciones también representan un mensaje claro para las bases del Frente Sandinista, principalmente “a todos esos alcaldes, paramilitares y jueces que han hecho carrera criminalizando inocentes” a quienes “les están diciendo que Ortega no los va a defender, que Ortega no puede defender ni a su familia”, analiza la comandante guerrillera e historiadora, Dora María Téllez.

El tercer sancionado de la familia

Rafael Ortega Murillo es el tercer miembro de la familia dictatorial sancionado por Estados Unidos. Antes fue sancionado su hermano Laureano Ortega Murillo, quien representa “el poder político y ha sido considerado el sucesor o “delfín de la familia”, explica Téllez. También ha sido sancionada Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega.

Con las sanciones por lavado de dinero, todos los bienes del primogénito de la familia presidencial en Estados Unidos quedan bloqueados y tampoco puede hacer negocios con ciudadanos estadounidenses que al mantener o establecer alguna relación comercial con él también podrían ser sancionados.

Las sanciones impuestas a Ortega Murillo fueron aplicadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 de los Estados Unidos, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.

El régimen “ha desoído las advertencias”

Las sanciones de Estados Unidos tienen a los Ortega Murillo “en una situación grave”, valora Téllez, debido a que DNP es “uno de los negocios más grandes y más rentables de los Ortega-Murillo, que ya había sido objeto de un boicot ciudadano muy amplio”, cuando miles de nicaragüenses optaron por no comprar combustible ni insumos en sus estaciones de servicio. Téllez estima que el nuevo “golpe” a este negocio sencillamente “puede llevarlo a su ruina”.

José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, considera que las sanciones a Ortega Murillo se producen tras varias advertencias de los Estados Unidos al régimen de Nicaragua, que “no se cansa” de reprimir a la población.

“Estados Unidos ha venido intensificando su mensaje, evidenciando cansancio por las actitudes de estos (el Gobierno de Nicaragua) de no buscar una salida negociada a la crisis del país y de mantener su Estado represivo que continúa con violaciones masivas y reiteradas de los derechos humanos. El Gobierno Ortega Murillo ha desoído esos llamados de los Estados Unidos”, subrayó.

A criterio del opositor, acciones como la profanación de la Catedral de Managua, el aislamiento a las madres que hicieron huelga de hambre en la parroquia San Miguel, en Masaya y el arresto arbitrario a 16 jóvenes que llevaban ayuda humanitaria al templo, habrían sido el detonante para las nuevas sanciones, y advierte que las mismas van a continuar en la medida que el régimen siga reprimiendo.

Katherine Ramírez, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, coincide en que las sanciones a Ortega Murillo son “un duro golpe a las finanzas del régimen” debido a que el primogénito de la familia es también “el administrador del dinero” según el Departamento del Tesoro.

“Esperamos que (las sanciones) sean un impacto económico bastante grande para ellos y que producto de ello disminuya la movilización de las fuerzas paramilitares, Policía, turbas, porque sabemos que esa gente no se mueve sola”, reflexionó Ramírez.

Los nuevos sancionados

El secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin, citado en un comunicado de prensa, indicó que: “Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”. Es así que “ha brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la vicepresidenta de Nicaragua, quien fue designada (sancionada) el 27 de noviembre de 2018”.

El modus operandi de Rafael Ortega Murillo consistía en utilizar “al menos dos compañías que posee o controla, Inversiones Zanzíbar, SA y Servicio de Protección y Vigilancia, SA para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”, subraya el comunicado del Departamento del Tesoro.

Zanzíbar para ocultar ganancias

Inversiones Zanzíbar, SA, es la empresa utilizada por Ortega Murillo para “ocultar la transferencia de ganancias de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, SA”, dice el Tesoro. Dicha compañía también es utilizada “para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen.

A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio con nombres de figuras antes de las sanciones previstas contra el régimen”, continúa el documento.

De acuerdo con los datos expuestos por Estados Unidos, Inversiones Zanzíbar, SA, se encuentra ubicada en el barrio El Carmen, en Managua, de la estatua Montoya, dos cuadras arriba y media cuadra al Sur, justo en la residencia de la familia gobernante.

En la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEM), desde el 2014, la empresa Inversiones Zanzíbar, SA, estuvo registrada como titular de las licencias de al menos 22 estaciones de servicio que operan bajo la marca Petronic. Actualmente la información de las licencias otorgadas ha sido retirada del sitio web, pero una investigación realizada por la plataforma latinoamericana CONNECTAS evidenció que hasta septiembre de 2018 las licencias de DNP estaban a nombre de Yadira Julieta Leets Marín, ahora exesposa de Rafael Ortega.

Rafael Ortega también controla el Servicio de Protección y Vigilancia, SA, “El Goliat”, “una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega”, advirtió el Tesoro.

Crece la lista de sancionados

Con estas sanciones, Rafael Ortega Murillo es el décimo sexto funcionario nicaragüense sancionado por Estados Unidos. El pasado 7 de noviembre se unieron a la lista deshonrosa el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, el magistrado Lumberto Campbell; presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Otros sancionados por Estados Unidos son el vicepresidente de Albanisa, Francisco López Centeno; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; el subdirector de Policía Francisco Díaz; el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo; la exministra de salud, Sonia Castro y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Una fortuna similar tuvo el Banco Corporativo (Bancorp) y Albanisa; así como el general en retiro y Ministro de Transporte, Oscar Mojica; el expresidente del CSE, Roberto Rivas; el director de Telcor; Orlando Castillo; el asesor presidencial; Néstor Moncada Lau y la vicepresidenta Rosario Murillo.

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