La agresión policial a la familia Reyes Alonso en León tiene todos los ingredientes para considerarla un síntoma de la degradación máxima de los órganos de orden y seguridad del Estado, que en principio deberían proteger a la población de este tipo de atropellos. En ese acto concurren un conjunto de factores que hacen del comportamiento de una autoridad del Estado de Nicaragua, una conducta criminal como cualquier organización delictiva. Aprovechó su condición de agente del orden para violar los derechos humanos de personas que estaban dentro de su casa, uso partidista de la fuerza pública, abuso y autoinculpación por el uso de la violencia oficial y actuación deliberada para causar escarnio público de las personas abusadas.

La violación del domicilio de los Reyes Alonso ocurrió con derroche de violencia. A golpes de mazos, de uniformes y armados en contra de verjas de hierro, las medidas defensivas que la población toma en sus casas para protegerse de la delincuencia. ¿Pero qué hacer cuando la policía llega disfrazando el delito? ¿Ante quién acudir? El allanamiento brutal levaba un mansaje: nadie está a salvo, no hay derechos que amparen a nadie que esté en contra del régimen opresor. Ya no se escudan en la nocturnidad; actúan a plena luz del día sin importar que los graben o difundan por las redes las imágenes del atropello. Se saben impunes, se creen invulnerables frente a las sanciones derivadas de las leyes que juraron defender.

Pero si el descaro de la agresión ha sido repugnante, el discurso partidista ha sido peor. Sin sonrojo ni empacho dictaron a los cautivos lo que debían repetir ante las cámaras; dicta el discurso el esbirro con la esperanza de terminar de someter moralmente al rehén, como si el mundo no llevara años repudiando confesiones forzadas de terroristas de todo pelo, ISIS, Al Qaeda y de narcotraficantes. Pero el esbirro al dictar se condena. Repite la letanía de la regente, la suma sacerdotisa de la represión: ni molestar a los militantes sandinistas ni “con la paz no se juega”, como si quienes juegan con la paz no fueran ellos, los verdugos, los que acosan, los que acordonan iglesias, los que torturan y violan, los que disparan; lo que quieren la paz de los esclavos, la paz sinónimo de la mansedumbre, la paz de la sumisión.

…Y además se condenan por la vía de la autoinculpación. Tantos meses denunciando los métodos de la represión y he aquí que un tal Domínguez, un alto jefe de la policía pone las evidencias en la mano. Los videos de las confesiones forzadas son un medio probatorio de la conducta criminal de un cuerpo de policía que ha dejado su institucionalidad en los huesos. Nadie puede ahora decir que son videos trucados, o hechos por alguien del vecindario que pasaba por allí. No, son videos grabados por teléfonos de los propios torturadores; por tanto son evidencias aportadas por los hechores en la escena del delito. Con estos videos se pone punto final a la negación oficial de los hechos denunciados, que por acción u omisión, las autoridades venían practicando, y de paso se pone nombre y apellidos a la identidad de los perpetradores, el camino más corto para delimitar responsabilidades individuales e institucionales en la violación de los derechos humanos.

La divulgación de los videos que claramente pretendía el escarnio para desmoralizar a la familia, convertirla en hazmerreír de la población y de paso debilitar la resistencia ciudadana, se convirtió en un bumerán en contra de sus autores. Más bien convirtió a los Reyes Alonso en ejemplos de dignidad y en referentes de la lucha contra la dictadura que se libra cada día en todos en todos los campos. Pero también dejó al descubierto el nivel de desesperación de las huestes de la dictadura por ganar la batalla de la opinión pública y, peor aún, el descontrol que reina entre sus filas por escalar lugares dentro de la meritroracia orteguista.

A mayor rebelión, niveles más descarados de represión. Si el pueblo de Nicaragua hubiera claudicado los sicarios no se verían obligados a actuar con semejante desfachatez. Pero como el pueblo rebelde no se ha resignado a lamerse en silencio las heridas y más bien encara a los cómplices de la dictadura allá donde estén, lleva agua a las madres huelguistas y hace de cada acto de graduación de sus hijos un espacio público donde ejercer la libertad, los agentes de la tiranía golpean a los disidentes por el solo hecho de serlo, allanan sus casas sin ningún tipo de autorización, los capturan, les fabrican pruebas absurdas y los llevan ante jueces venales.

Después de 20 meses de resistencia ciudadana es imposible saber cuál será el próximo escalón de las actuaciones del orteguismo; pero vistos los pobres resultados que han tenido las anteriores lo más seguro es que seguirán precipitándose por el agujero de la sinrazón, cada vez más fuera de la ley, hasta convertirse en una dictadura descarada.

En esta deriva desesperada la dictadura pareciera enfocada en quitarnos la capacidad de sorprendernos, pero no podemos hacerle esa concesión. El día que dejemos de escandalizarnos daremos por “normalizados” los despropósitos y la confiscación de una nueva parcela de nuestras libertades, entonces dejaremos de protestar y los cafres habrán ganado la partida.

La carga simbólica del ataque policial contra los Reyes Alonso era llevar la represión al lugar más recóndito de la intimidad, donde las familias construyen lo propio frente a lo ajeno, donde se puede hablar mal del gobierno sin temor a represalias; el ámbito donde cada persona construye su esfera privada. Al atacar a la familia dentro de su hogar los agentes de la dictadura actuaron como la policía moral de los regímenes islámicos, que vela por que los súbditos observen en palabra y obra las normas impuestas por los déspotas, incluso dentro de sus viviendas.

Tal vez sin pretenderlo, los sicarios abrieron un nuevo terreno de la lucha por la libertad: la lucha por pensar y gritar a todo pulmón dentro de cada casa: ¡Muerte a la dictadura!

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